Motín de Cevallos

Santa Cruz de Tenerife · Categoría: Memoria · Subcategoría: Lugares históricos · Año: 1720

La sociedad santacrucera a lo largo de toda su historia no ha sido propensa a grandes alborotos, revoluciones o amotinamientos contra la autoridad establecida. Tal vez el incidente más grave de ira colectiva popular en la ciudad se produjo en 1720 contra la figura del intendente general de las islas, Juan Antonio de Cevallos.
La figura administrativa del intendente general fue creada por el gobierno de Felipe V mediante decreto de 4 de julio de 1718. Dentro del esquema general de la monarquía borbónica por centralizar la administración, el intendente aparecía como el funcionario del poder central encargado de controlar los aspectos locales de las finanzas, justicia y los relativos a asuntos de la guerra, por lo que entraba directamente en conflicto con las entidades locales que ejercían estas labores: la Audiencia, el corregidor y los comandantes generales.
Tal vez lo que menos gustó en Canarias de esta nueva figura fue la centralización de las rentas reales, poniendo en su contra ya no solo a militares y a funcionarios judiciales, sino también a comerciantes y pequeños propietarios que ahora se veían fiscalizados, sobre todo en un negocio tan próspero en aquellos tiempos como era el de las rentas del tabaco.
El primer intendente general destinado en Canarias fue Diego Navarro que llegó a La Laguna en 1718. En su papel asignado dio muestras de cierta dureza en el ejercicio de su cargo, resultando de su actuación un gran malestar popular, al punto que tuvo que ser custodiado por la justicia para su embarque de retorno a la península. 
Su sustituto fue Juan Antonio de Cevallos que llegó el mismo año de la marcha del anterior, pero con más amplios poderes y atribuciones, por lo que la oposición aquí fue todavía más fuerte. Para empeorar la situación, Cevallos parece ser que era un hombre adusto y de poca flexibilidad. Se asentó en Santa Cruz, en una casa de la calle de la Caleta, frente al edificio que se había empezado a fabricar para la Real Aduana. Desde aquí podía controlar todas las transacciones comerciales que se desarrollaban en el cercano puerto.
El día 19 de julio de 1720 el intendente sorprendió en su propia casa a un esclavo suyo manteniendo relaciones sexuales con una mujer, parece ser, de mala reputación. Los dos escaparon de su cólera y se refugiaron en Güímar, lugar de origen de ella. El alcalde de aquel lugar los detuvo y los devolvió a Santa Cruz, donde el intendente, sin esperar sentencia alguna, se tomó la justicia por su mano y mandó a azotar a los reos y exponerlos a la vergüenza pública. El castigo se llevó a efecto en una de las paredes de la Aduana en construcción. La noticia cundió rápidamente por Santa Cruz y causó una gran indignación popular. Durante la noche, se reunió en aquella parte del lugar una treintena de personas. Los manifestantes aducían que el intendente podía hacer lo que le gustase con su esclavo, pero no con una mujer que había nacido libre, y que por lo tanto tenía derecho a un juicio justo. El tumulto se desató inesperadamente, empezando a lanzarse piedras hacia la ventana de la casa del intendente. Una de ellas hirió a Cevallos en la cabeza, aunque no de gravedad. Luego invadieron la planta baja, liberando al esclavo. El carruaje del intendente fue destrozado y arrojado al mar. Ni el alcalde ni el beneficiado pudieron hacer nada por calmar al populacho, que empezó a destrozar y tirar a la calle todos los muebles y enseres que encontraron. Finalmente, invadiendo la estancia donde se encontraba Cevallos, el intendente fue arrastrado por los pies escaleras abajo hasta la calle, donde llegó medio muerto. El rumor de la llegada de las tropas del capitán general desde La Laguna, hizo que la calle quedara despejada en un momento, con solo el cuerpo del intendente moribundo en la calzada. Cuando la máxima autoridad militar llegó lo único que pudo hacer fue mandar que trasportasen al cercano castillo de San Cristóbal el cuerpo del intendente, donde finalmente murió.
A pesar de que las relaciones entre Cevallos y el comandante militar nunca fueron buenas, el militar acometió una represión contra los sospechosos del motín poco acostumbrada en Canarias. Le echó la culpa a "la pleve del lugar y puerto de Santa Cruz, lo más ínfimo de ella, no sus vecinos honrados sino solo gente sin nombre, soez y advenediza que llaman de playa y palanquines, los más mulatos y negros".
Ocho días después del atentado, se condenó a morir ahorcados a doce de los principales sospechosos de haber participado en la revuelta, quedando sus cuerpos colgados de las almenas del castillo como escarmiento público. Otros cinco fueron condenados a galeras de por vida, dos a destierro y otros encarcelados en espera de otras penas. El asunto había terminado en un baño de sangre.
La intendencia de Canarias quedó suprimida definitivamente en 1724 y sus atribuciones quedaron confiadas al comandante general, como lo habían estado con anterioridad a la llegada de los funcionarios reales.

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